Chihuahua— Tras su Quinto Informe, el gobernador José Reyes Baeza enviará al Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que se han invertido hasta la fecha más de mil 630 millones de pesos para subsanar las fallas que se están cometiendo en la práctica, así como para cerrar las puertas a la impunidad que se está generando por la inseguridad que se vive actualmente en Chihuahua, se informó.

El coordinador para la implementación de ese sistema, César Cabello Ramírez, dijo que además se tendrá que reforzar la capacitación a los agentes del Ministerio Público, a los policías preventivos y ministeriales, a los jueces, a los defensores y a los magistrados.

El funcionario detalló que la iniciativa que presentará el gobernador al Poder Legislativo va encaminada a reformar más de 160 artículos de cinco ordenamientos jurídicos.

“No es solamente para cerrar la posibilidad de que la víctima conceda el perdón en los delitos de alto impacto, sino también evitar el perdón en el delito de robo, que es el que hoy lesiona más a los chihuahuenses”, manifestó.

El ex diputado local destacó que la propuesta del Ejecutivo estatal será básicamente “para que no haya ninguna posibilidad, ni facultad de atribución en ningún funcionario o ministerio público en la que se pueda presionar o promover para que la víctima otorgue el perdón”.

Sobre las quejas que se han vertido públicamente en torno a la actuación de los agentes del Ministerio Público, el funcionario de la Procuraduría indicó que “a veces, en uso de sus facultades, no alcanzan a percibir que lesionan los intereses de las víctimas, al proponerle que otorguen el perdón, a fin de solucionar rápidamente el conflicto”.

En ese sentido, reconoció que “la carga de trabajo ha hecho que los ministerios públicos busquen los mecanismos para resolver los asuntos y quitarse lo más pronto posible de los casos, lo cual no es justificable y es uno de los factores que tenemos que revisar a detalle”.

Cabello Ramírez consideró también que es necesario “sacar del anonimato a los ministerios públicos, a los jueces y a los defensores… porque ningún ministerio público está autorizado a presionar, tiene que hacer su trabajo”.

“En los casos que se han dado a conocer públicamente, los agentes del MP tenían que haberle informado a las víctimas sus derechos, entre los que destacan otorgar el perdón si lo quieren, pero tan sólo es una mera información; de ninguna manera deben presionar a las víctimas, si lo hicieron pueden tener una responsabilidad administrativa o incluso de carácter penal”, explicó.

Cabello Ramírez puntualizó que esa nueva reforma al Sistema de Justicia Penal no será “un parche” más, tras alegar que “ninguna ley puede estar escrita sobre piedra”.

“Una reforma penal de esta envergadura debe ser revisada constantemente para que se hagan las reformas necesarias, a fin de fortalecer las bases del sistema”, anotó.

Agregó que lamentablemente esa norma “ha sido acompañada por una crudeza que tenemos que reconocer. La delincuencia organizada explotó en una guerra que encaró el Estado mexicano, la cual ha provocado que otra serie de delitos crezcan exponencialmente”.

Critican reformas
“Ya van por la tercera reforma al Nuevo Sistema de Justicia Penal y eso demuestra que las cosas se hicieron muy mal desde el principio… la sociedad nunca fue informada de esos cambios y ahora ahí están las consecuencias”, dijo ayer el ex presidente de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados, Enrique Aguilar Pérez.

El penalista indicó que lo más importante de una reforma es la concertación social, “la legitimación que la sociedad da a una acción reformatoria de cualquier sistema jurídico”.
“No se le informó a la comunidad sobre las consecuencias de aprobar esa iniciativa y que se estaban autorizando muchas salidas alternas para los imputados, evitándose la judicialización del delito”, expresó.

“Fue algo que nosotros siempre criticamos y nos satanizaron gentes del poder público, ahora ven que tenemos razón”, anotó.