Noticias de Chihuahua.- Al reconocer la existencia del problema de personas que han sido desplazadas por conflictos armados y en Chihuahua, por la presencia de grupos del narcotráfico en la sierra, el Gobierno del Estado iniciará a atender el problema con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados.

Es así como las dependencias estatales, organizaciones de protección a los Derechos Humanos y colectivos que trabajan en la solución de problemas humanitarios, comenzarán a trabajar en atender este problema que va en aumento en la entidad, el país y todo el mundo.

El Gobernador Javier Corral reconoció el problema en el estado, y señaló que la causa es principalmente debido a los grupos del crimen organizado, quienes llegan a las comunidades en municipios serranos, y despojan a indígenas y pobladores de sus pertenencias, de sus tierras, que violan y matan a mujeres y niñas, que queman sus sembradíos de maíz y alimentos para obligarlos a plantar amapola, en condiciones de esclavitud, además de reclutar a los jóvenes en sus filas armadas.

Acusó a las pasadas administraciones, y al sistema político y corrupto que permitió que durante años las fuerzas de los grupos criminales tomaran fuerza y territorio, de que se infiltrará el crimen organizado en las policías municipales y estatales, motivo por el cual ha sido difícil desmantelar las redes que permean las instituciones, policías y la corrupción que abre las puertas al narcotráfico.

Javier Corral comentó que el Consejo Noruego ha brindado dos asesorías gratuitas a funcionarios y organizaciones de derechos humanos, donde participó en uno, por lo que destacó que a un año de llegar a la gubernatura, donde reconoció el problema, ahora comenzarán a trabajar en la atención debida que deban tener las víctimas de desplazamiento.

Irma Villanueva, coordinadora de atención a víctimas, destacó la obligación y compromiso que tiene el estado en crear mecanismos y protocolos de atención a las víctimas de este problema. Indicó que lo primero que se debe hacer es reconocer la existencia del problema y sus consecuencias, poder visibilizar el tema y levantar estadísticas e información que permitan la creación de un marco legal.

Destacó la obligación que tienen las autoridades en todos sus niveles en atender a las personas desplazadas para que sean las dependencias donde se generen los protocolos y procedimientos de atención, que permitan a las víctimas poder integrarse nuevamente y acceder a servicios básicos y mínimos.