Noticias de Chihuahua.- Los gobiernos federal y de Chihuahua acordaron reinstalar una mesa de atención urgente y diversos puntos estratégicos para atender la problemática en materia forestal y territorial en la Sierra del estado, donde se han detectado actividades ilícitas y abuso de recursos naturales.

La Secretaría de Gobernación (Segob) apuntó que dicha zona, por su riqueza territorial y ambiental, se ha convertido en una zona atractiva para la comisión de actividades ilícitas y el abuso de sus recursos naturales, lo que ha generado un clima de inseguridad.

Ante ello los gobiernos federal, estatal y organizaciones de la sociedad en la defensa de la Sierra acordaron reinstalar una mesa de atención urgente y la definición de puntos estratégicos para atender la coyuntura bajo la coordinación del Secretario de Gobierno de Chihuahua.

Para dar seguimiento a los compromisos establecidos y seguir trabajando en la solución de la problemática, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, encabezó una reunión de trabajo entre dichas partes.

Así dependencias federales y estatales trabajan de manera conjunta para dar solución a este tema.

Entre ellas están las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Además la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal Electricidad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Por parte del gobierno de Chihuahua se encuentran la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía, la Comisión de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Seguridad Pública, junto con la participación activa de organizaciones de la sociedad en la defensa de la Sierra.

La Segob agregó que la suma de esfuerzos se ha enmarcado en reuniones denominadas “mesas ambientales”, donde se analizan los planteamientos de todos los actores involucrados con el fin de establecer políticas públicas incluyentes, eficaces y diferenciadas que aseguren la integridad de las personas, así como el efectivo ejercicio de sus derechos humanos.