Noticias de Chihuahua.- En junio de 2015 un barco de ocho pisos, cargado de vacas y borregos llegó al puerto de Mazatlán proveniente de Nueva Zelanda para formar parte de un programa de repoblamiento impulsado por el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, y financiado con dinero público.

Los borregos se fueron al Estado de México y las reses se dividieron entre Hidalgo y Chihuahua. A este último estado se destinaron mil 408 de tres mil 500 reses que llegaron y que representaban una esperanza para los pequeños productores después de dos años de sequía. Pero las reses no llegaron a los pequeños ganaderos a las que estaban destinadas.

Una parte fue a dar a ranchos del exmandatario de Chihuahua, César Duarte, y otra a familiares de su amigo, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, ambos priistas.

De ello dio cuenta Proceso en su portal web en octubre del año pasado y ahora, Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publica documentos oficiales que demuestran la odisea de estas reses y cómo fueron desviadas de su destino.
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A mediados de 2014, César Duarte impulsó el programa de repoblamiento a través de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado para remediar la crisis que vivía la entidad. La idea era aumentar el número de animales e incrementar sustancialmente la calidad de la carne.

De acuerdo con un convenio marco firmado desde 2011 que daba legalidad a la asignación de vacas, el valor total de los animales superó los 700 mil dólares —unos 11 millones 32 mil pesos. Según el esquema, los productores medianos y pequeños podrían obtener hasta 10 vaquillas, y las organizaciones ganaderas máximo 45 cabezas.

Sin embargo, el destino de los animales que llegaron en junio de 2015 de Nueva Zelanda se torció en inconsistencias burocráticas y una deliberada mezcla de registros y métodos de reubicación de las reses, según consta en registros de tránsito de ganado y documentación de la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua a la que MCCI tuvo acceso.

Las vaquillas llegarían a México a una edad que oscilaba entre los 12 y 18 meses. Les llaman “vientres”, es decir son hembras y de hecho venían cargadas. Por ello la esperanza para los pequeños productores era mayor porque obtenían la vaca y una cría de la raza Hereford y Angus, destinadas a la producción de carne.

Programas similares se han aplicado con recursos federales y, en este sexenio, forman parte de la Cruzada contra el Hambre. La idea es que los ganaderos de municipios que tienen bajos índices de desarrollo tengan la posibilidad de generar un mercado autosustentable.

Los grandes productores están excluidos de esos programas debido a que no requieren de apoyos financieros para lograr este tipo de mejoras.

Sin embargo, según MCCI, pudo documentar que al menos 903 reses arribaron a terrenos ubicados en Balleza, a nombre de César Duarte, donde por año se contabilizan hasta mil 500 animales. Otras reses fueron trasladadas a ranchos de Nayarit, contraviniendo las leyes con las que fueron compradas las vacas.

Por su parte, pequeños ganaderos que necesitaban las vacas se quedaron con los estragos por las escasas lluvias y además perdieron hasta 20 mil pesos por el crédito que tuvieron que solicitar para adquirir animales que nunca les llegaron.

La práctica del gobierno de Duarte Jáquez hizo perdidizas algunas de las reses, o al menos su documentación ya que en los archivos de la Secretaría de Desarrollo Rural no hay papeles que avalen el desembarco de los animales, tampoco hay una relación exacta de los aretes ni las firmas que deberían corresponder por parte de las autoridades federales.

Existe un documento llamado “permiso de internación”, que contiene una relación detallada del animal que llega, el arete que le corresponde y sus características. El documento es expedido por autoridades federales y el gobierno local en la Secretaría de Desarrollo Rural debe contar con una copia, pero “no aparece”, según MMCI.

Lo mismo ocurre con las facturas que acreditan la propiedad de todos los animales que llegaron de Nueva Zelanda.

Sin embargo, pese a los vacíos en la documentación, el gobierno de Chihuahua cuenta con un sistema para el rastreo de las vacas. Con el número y los puntos de inspección que deben cruzar los animales a lo largo del país, puede hacerse un mapeo de dónde se ubican y hacia dónde se mueven.

El actual gobierno, encabezado por Javier Corral, tiene la certeza de que el apoyo ganadero no llegó la gente incluida en un convenio firmado entre las autoridades del gobierno de César Duarte y la Unión Ganadera División del Norte. Lo mismo ocurrió con un acuerdo entre esa unión y Financiera Rural, organismo federal que otorgó las garantías líquidas–es decir que era quien respaldaba a los ganaderos para que fueran sujetos de crédito–para que se diera un préstamo a los pequeños productores que habían resentido una severa sequía en 2013.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Rural en Chihuahua, esas vacas terminaron en ranchos propiedad del exgobernador César Duarte, funcionarios de su gobierno, como el extitular de la Comisión de Vivienda Raúl Javalera; en el rancho de la Unión Ganadera División del Norte o los familiares del exgobernador Nayarita, Roberto Sandoval.

Todos ellos tenían de antemano una población de más de 50 cabezas de ganado en sus tierras. La Unión Ganadera es una agrupación de productores que fue fundada en 2005 por el propio César Duarte y por Carlos Hermosillo —quien fue diputado federal, colaborador cercano al exgobernador priista y que falleció el 20 de marzo pasado.

La organización es la segunda agrupación ganadera del estado y aún ejerce gestiones para los productores.

En Chihuahua, según el artículo 215, del código penal del estado, quien se apodera de una o más cabezas de ganado sin derecho y sin consentimiento de quien es dueño legalmente, comete el delito de robo de ganado. Los castigos a este delito van de 13 a 15 años de prisión y una multa de hasta 500 veces el salario mínimo (unos 40 mil pesos en 2017). La multa y los años de prisión depende del número de vacas robadas, la pena máxima se aplica cuando se roban más de 10 cabezas.

Sin embargo, sólo se persigue si hay una denuncia. Los productores desecharon esa posibilidad porque aseguran que aún son beneficiarios de otros programas sociales y temen que los apoyos se vengan abajo por pelear el caso.