«Regardez si les grandes destination, et cette ville est jeune fille …”
Ricardo Arjona (Historias de Taxi)

El 19 de febrero de 2006, exactamente hace dos años, ocurrieron una serie de explosiones en la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, del estado mexicano de Coahuila. 65 mineros que trabajaban en las entrañas de esa tierra murieron.

A la fecha, 63 de esos cuerpos no han sido rescatados y las labores propias se han interrumpido oficialmente, ante la desesperación de las familias y la incredulidad social, que poco a poco se convierte en estupor ante las pocas muestras de interés de los involucrados por terminar la jugada y resolver el conflicto post-tragedia de una vez por todas.

El inicio de este drama es harto conocido por todos, pues los medios de comunicación dieron vasta cuenta de ello.

Lo que no se ha dicho en esos medios, es el víacrucis que les ha tocado vivir a las familias de los mineros fallecidos en el accidente.

Como lo consigna la investigación de Arturo Rodríguez García, “Ahora, a borrar las huellas” (Proceso 1633, p. 32), la tragedia ha puesto al descubierto una serie de complicidades que involucran al Grupo México, concesionario de la mina, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (SNTMMSRM), actores éstos que presumiblemente han escollado el camino para que no se cumplan las obligaciones de ley que los primeros deben cumplir con los deudos.

Mire Usted, lo que le trato de decir es que la autoridad competente, aun no establece las responsabilidades del accidente y desde la fecha en que se inicia este desfile ha habido vaivenes que no tocan tierra firme en las soluciones.

Por ejemplo, y cito textual el trabajo de Rodríguez García: “Al no haber culpables, tampoco hay pensiones: aunque el 27 de febrero de 2006 (una semana después de las mortales explosiones) el Grupo México, controlador de la concesionaria Industrial Minera México (IMMSA), se comprometió a cumplir…con las 64 viudas y 103 de los 166 huérfanos que dependían…de los obreros…”

Y agrega: “Grupo México se comprometió a entregar a las familias de los mineros fallecidos el triple del salario integrado de éstos…pero dejó de hacerlo el 2 de marzo de 2007 con el argumento de que ya les habían dado el dinero suficiente.”
Pues le quiero contar que es amplia la investigación y la denuncia pública a la que me refiero y el autor hace señalamientos precisos que surgen de organizaciones civiles que se han involucrado en esta lucha, (tales como el Equipo Nacional de Pastoral Laboral -ENPL- y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -CNDH-), a las que debemos conceder todo el crédito, pues son las que mantienen la defensa férrea ante la impasividad del gobierno de Felipe Calderón y la negativa voraz de resolver el asunto.

Y pues para eso es éste artículo, para aportar y que ésta tragedia no se convierta precisamente en eso, en solo un asunto, sino que la presión que se ejerza desde diversos medios de comunicación sirva para que los involucrados resuelvan y paguen, y respondan a las responsabilidades que el ministerio público les finque.

En medio de todo esto, ¿cual es la responsabilidad de los habitantes de Los Pinos?

Una de ellas, le compete a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dependencia que se involucra precisamente por (deber) ser el garante del cumplimiento del contrato colectivo entre el Grupo México y los trabajadores mineros. Entre otras muchas obligaciones de esa oficina.

Y a la Secretaría de la Función Pública le compete deslindar las responsabilidades del caso.

Sin embargo, y ese es el punto de esta ocasión, en toda esta historia un personaje sirve como referente obligado por ser evidente promotor de la corrupción oficial: Javier

Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).Le suena el nombre? ¡Claro!¡Es el mismo apelativo que apareció vinculado al escándalo que protagonizó el ciudadano chino naturalizado mexicano Zen-Li Ye Gon, aquel de los mas de doscientos millones de dólares en efectivo!

Le voy a refrescar la memoria con datos que no me saco de la manga, sino que aparecieron publicados y ahora son vox populi, pero con olvido colectivo:

Después del escándalo, y una vez que el sr. Ye Gon fue detenido por las autoridades norteamericanas, la confesión de éste vinculó a Javier Lozano Alarcón con el dinero y con actos de corrupción, al señalarlo como el personaje que dio origen a la famosa frase de “coopela o cuellos”.

Javier Lozano Alarcón, presuntamente fue el enlace entre Ye Gon y gente vinculada al Partido Acción Nacional en cuanto a tener dinero en efectivo para contrarrestar con terrorismo contratado en caso de una eventual victoria del perredista Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de Julio del 2006 para elegir presidente de la república, proceso que terminó en un monumental fraude con la complacencia del órgano rector del mismo, el Instituto Federal Electoral.

Ante la acusación directa del señor Ye Gon, Lozano Alarcón se ha limitado a guardar silencio y la Procuraduría General de la República ni siquiera atrajo una eventual investigación de hechos con el fin de limpiar la casa. Y de los más de doscientos millones de dólares y una cacharpita más, nadie dice nada en firme.

Pues esta historia, mi querido amigo, constituye un acto de corrupción que, según las reformas judiciales que se discuten en estos días en las míticas cámaras de diputados y senadores de ésta vetusta república mexicana, ya deberían haber presentado como indiciados algunos supernombres de la jerarquía del virreinato panista, con allanamiento de morada y detención sin orden de un juez, porque, ¿que esas reformas no aplican también para ellos, los divinos azules?

Hasta la fecha, ni la oficina en la que despacha Calderón -que dista mucho de ser una presidencia de la república, pues, además de venir de un proceso poco claro, es evidente que las prioridades no son la defensa y la solución de los problemas que se enfrentan en el suelo patrio, en la vida real- ni la propia oficina en la que cobra -porque no hace su trabajo, solo cobra- Javier Lozano Alarcón, y ni siquiera el Partido Acción Nacional, han dicho ésta boca es mía. Y el que calla otorga.

Pues al no haber aclarado suficiente el caso Zen-Li Ye Gon, las dudas sobre la claridad del proceder de nuestro personaje campean en la mente y el debate de la sociedad mexicana, y el silencio guardado por el “gobierno” solo evidencia las complicidades existentes y el conocimiento que ellos tienen sobre la poca memoria histórica de este conglomerado nacional.

Claro, hay otros temas que tratar más importantes que ese, seguramente, tales como sobrevivir día a día con el miserable salario mínimo (otro favor que debemos agradecer a la STPS), o guarecerse de las balas en esta zona de guerra en la que han convertido al territorio nacional Felipe Calderón y sus anhelos fascistas. Hay muchas cosas mas de las que ocupar las neuronas y el esfuerzo, claro, y por eso, Felipillo le apuesta a que los asuntos escamosos como los que hoy aquí le consigno no permanezcan en nuestro debate primario. Javier Lozano Alarcón es un ser sin vergüenza que, antes de ufanarse de la impunidad con la que circula por aquí, debería responder ante las autoridades por las acusaciones públicas hechas en su contra por Ye Gon, legitimar su posición, aclarar paradas y parar los machos de la opinión pública de manera que no nos queden ganas de siquiera sugerir su nombre, relacionándolo con actos sucios.

Y Felipe Calderón se burla de la sociedad mexicana al sostener a un funcionario al que, seguramente y dentro de poco tiempo, la justicia norteamericana llamará a cuentas, pues de lo que se habla, es de la enorme capacidad de la delincuencia organizada (mas organizada que el propio gobierno calderonista) para penetrar hasta las esferitas del podercito corrompible que hoy detentan los mencionados eso que la reforma judicial, esa que nos convierte a todo en delincuentes hasta demostrar (si nos dan oportunidad) nuestra inocencia, fue enviada a los foros de discusión oficial por el mismo chaparrito ceja alzada: Felipe I, y hoy que se presenta la oportunidad de legitimar la mencionada reforma, el virrey se hace como que no pasa nada.

La sociedad mexicana se encuentra secuestrada por las imposiciones de Calderón y sus sirvientes, pero eso no es lo peor. Lo más grave es la falta de ganas colectivas para defendernos del mayor atraco en la historia moderna de México: los oídos sordos de un gobierno voraz, que solo pone interés en los asuntos de carácter nacional que le rindan las ganancias económicas suficientes como para saciar su sed de poder.

El narcotráfico es para ellos un negocio, el negocio de la guerra, pues al decir que los malos están armados mejor que ellos, el senado les permitirá invertir en armas costosas, con la vista de agrado de Jorge Bush y sus inversionistas. Va a ocurrir exacta pero proporcionalmente lo que pasa en Estados Unidos y su conflicto eterno con Medio Oriente: todo se resume en el negocio de la guerra, al industria de las armas.

Todo hace suponer que la paz de México camina sobre la cuerda del equilibrio.

Y aun así, gente como Javier Lozano pisotea y asfixia a los más pobres, solo por el hecho de que hoy cobra como secretario de estado. Aunque no actúe como tal.

Felipe Calderón quiere hacer de cuenta de que en este México nuestro, él, con su sabiduría y su luz, acompañado por su pléyade masoquista, son solo un grupo de extraños peregrinos que pasean por este espacio nacional favoreciéndonos con su inteligencia. Pero los mexicanos hace mucho tiempo dejamos de ser tontos. Creo.

México se está pudriendo.
Y no es un eufemismo.

Cualquier reclamación que sea sin membretes.