Nueva Ley de Seguridad genera polémica por acceso a datos privados
Noticias de Chihuahua
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General del Sistema de Seguridad Pública, una reforma impulsada por el Ejecutivo encabezado por Claudia Sheinbaum. Esta legislación, también conocida como “Ley Espía” o “Ley de Espionaje”, busca ampliar las capacidades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y ahora será turnada al Senado para su discusión y eventual aprobación.
Con 445 votos a favor, provenientes de Morena, PT, PVEM, así como del PAN y Movimiento Ciudadano, la propuesta fue avalada. Sin embargo, recibió 37 votos en contra del PRI, partido que expresó preocupación por los riesgos a la privacidad y la falta de tiempo para analizar a fondo el documento de 480 páginas, que sufrió modificaciones de último momento.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la posibilidad de que las autoridades federales accedan a bases de datos telefónicos sin necesidad de una orden judicial, según denuncias de legisladores del PRI y del PAN. Aunque se eliminó la propuesta del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, los críticos aseguran que la ley permite acceder a información privada con una interpretación amplia de sus disposiciones.
En el apartado específico de inteligencia, la ley fue aprobada con 386 votos a favor de Morena y aliados, frente a 101 en contra. Entre las disposiciones más relevantes se encuentran:
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Sustituye la ley de seguridad vigente desde 2009, instaurada en el sexenio de Felipe Calderón.
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Crea el Consejo Nacional de Inteligencia, encabezado por la SSPC, que operará el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), encargado de labores de espionaje contra el crimen organizado.
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Autoriza la intervención de comunicaciones, pero sólo con aval judicial previo.
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Establece un mecanismo para suspender el financiamiento en materia de seguridad a estados o municipios que incumplan con los acuerdos de coordinación federal.
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Instituye la Academia Nacional de Seguridad Pública para formar mandos policiales, incluso estatales, y especialistas en inteligencia.
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Formaliza las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz entre gobiernos estatales, municipales, autoridades federales y el Gabinete de Seguridad.
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Otorga mayor autonomía al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El debate en el Senado definirá el futuro de esta controversial legislación, que ha despertado una intensa discusión sobre la vigilancia, el respeto a los derechos civiles y el combate a la inseguridad en México.
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