Congreso pide al Poder Judicial aclarar posible conflicto de interés en caso de prisión domiciliaria a secuestrador
Noticias de Chihuahua
El diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un exhorto dirigido a la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Marcela Herrera Sandoval, para que aclare las razones jurídicas detrás de la concesión de prisión domiciliaria a un hombre condenado por secuestro y que, además, tiene parentesco directo con una magistrada.
El legislador subrayó que el Poder Judicial debe garantizar la correcta y transparente aplicación de la ley, especialmente en delitos de alto impacto social como el secuestro, donde la pena busca no solo castigar al infractor, sino también proteger a las víctimas y a la sociedad.
El exhorto hace referencia al caso de Edgar Hernán Escárcega Valenzuela, sentenciado a 52 años de cárcel por secuestro, pero que actualmente goza del beneficio de semilibertad luego de que el juez de control Juan Carlos Erives Fuentes modificara la sentencia, permitiéndole salir de prisión sin haber cumplido la mitad de la condena.
Solicitudes del Congreso al Poder Judicial
En su planteamiento, Torres Estrada pidió que la presidenta del Tribunal aclare:
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Los argumentos jurídicos que sustentaron la decisión del juez de control.
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Las razones para otorgar beneficios similares de semilibertad a Manuel Antonio Villalobos Cruz y Rafael Ramón Cruz Chávez.
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Cómo se garantizará la reparación integral del daño a las víctimas de secuestro.
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Qué medidas se tomarán para asegurar la imparcialidad del proceso, considerando el parentesco de Escárcega Valenzuela con la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela.
Señalamientos de la Fiscalía
El legislador sostuvo que, según información de la Fiscalía General del Estado Zona Centro, Escárcega Valenzuela ya había recibido una remisión parcial de pena de 10 años y seis meses en un primer caso, pero en un segundo proceso solo ha cumplido cinco años de condena. Además, puntualizó que no existen estudios de viabilidad de riesgos vigentes que justifiquen el otorgamiento de la semilibertad.
Ante este panorama, Torres Estrada llamó a esclarecer si existió un conflicto de interés en la resolución judicial y a garantizar que la aplicación de la justicia se mantenga bajo principios de legalidad, imparcialidad y respeto a las víctimas.
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