Impulsan reforma para fortalecer la punibilidad en tentativa de feminicidio en Chihuahua
Noticias de Chihuahua
La diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, propuso una reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua para elevar las penas y clarificar la definición jurídica de la tentativa de feminicidio, una figura que —según la legisladora— continúa dejando a cientos de mujeres en estado de vulnerabilidad ante un sistema que no siempre reconoce la gravedad de estos ataques.
Durante la presentación de su iniciativa, Ortega Máynez advirtió que México vive “una grave crisis de violencia feminicida”, recordando que diariamente son asesinadas entre 10 y 11 mujeres, y que más del 85% de los casos permanecen en impunidad. Pero subrayó que existe otra cara del problema: las mujeres que sobreviven a un intento de ser asesinadas. Muchas de ellas, dijo, quedan atrapadas entre secuelas físicas, daños emocionales y un sistema que no responde con la firmeza necesaria.
La diputada señaló que en Chihuahua es común que intentos de feminicidio se reclasifiquen como lesiones, aun cuando existen evidencias claras de intención de matar. Esta práctica, sostuvo, genera “una doble violencia: la física, ejercida por el agresor, y la institucional, cuando el Estado minimiza la gravedad del hecho”.
Para sustentar su postura, recordó casos registrados en Ciudad Juárez, Chihuahua capital y Cuauhtémoc, donde víctimas fueron atacadas con puñaladas en el cuello o el tórax, estrangulamientos o incluso disparos dirigidos a zonas vitales. A pesar de ello, las carpetas se iniciaron como “lesiones dolosas”, lo que reduce significativamente las sanciones que enfrentan los agresores.
La iniciativa propone dos cambios principales al Código Penal:
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Artículo 75: Establecer una punibilidad específica para la tentativa de feminicidio, con penas que van desde tres cuartas partes de la mínima hasta cuatro quintas partes de la máxima del delito consumado.
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Artículo 126 Bis: Incluir una definición clara de tentativa de feminicidio y prohibir su reclasificación cuando existan elementos objetivos y contextuales que indiquen razones de género, como antecedentes de violencia, amenazas previas o agresiones de tipo sexual.
Ortega Máynez aseguró que esta reforma busca cerrar vacíos legales que permiten que agresores evadan sanciones proporcionales a la violencia cometida y garantizar que el Estado reconozca la gravedad de estos crímenes desde el momento en que ocurren.

