Diputada acusa que la Ley de Aguas Nacionales no ha garantizado justicia hídrica
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La diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de morena, arremetió este miércoles contra lo que calificó como una “irresponsabilidad flagrante” por parte de partidos políticos y grupos aliados que, según señaló, han emprendido una campaña de desinformación en torno a la propuesta de reforma a la Ley Nacional de Aguas.
De acuerdo con la legisladora, esta estrategia busca generar miedo entre campesinos y productores, difundiendo la idea de que la iniciativa pretende retirar concesiones o limitar derechos de riego, cuando —aseguró— el verdadero propósito es poner orden en un sistema marcado por décadas de corrupción, simulación y privilegios.
“La ley debe modificarse, y debemos desmontar la ola de mala información que la oposición ha soltado para confundir a las y los ciudadanos. Andan diciendo que alguien quiere quitar concesiones, aprovechándose políticamente de una situación tan seria. Es un juego sucio y descarado”, sostuvo Pérez Reyes.
La legisladora recordó que la Ley de Aguas Nacionales vigente fue aprobada en 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, una época que —dijo— se distinguió por la fragmentación y privatización del patrimonio nacional, desde ferrocarriles hasta instituciones estratégicas, incluyendo la gestión del agua.
Pérez Reyes presentó datos que, afirmó, reflejan la profundidad de la crisis hídrica en Chihuahua y evidencian la necesidad de actualizar el marco legal. Entre ellos mencionó la existencia de 8 mil pozos ilegales en el estado, un problema que la CONAGUA no puede sancionar eficazmente por la falta de herramientas legales; además, señaló que en la zona del río Conchos, 36 regiones con 66 mil habitantes carecen de agua potable, y 21 mil hogares no tienen acceso al líquido para consumo humano.
“¿Por qué creen ustedes que a César Duarte no se le pudo meter directamente a la cárcel cuando se le encontró una presa de 3 millones de metros cúbicos en su rancho? ¿Y dónde están los otros 8,000 pozos ilegales? ¿Por qué nadie los menciona? ¿A quién protegen?”, cuestionó.
La diputada advirtió que Chihuahua es uno de los estados con mayor estrés hídrico del país, y aun así continúan entregándose concesiones a grandes corporativos “como si el agua fuera infinita”. Por ello, subrayó que apoyar la reforma es urgente, no solo para actualizar la ley ante la realidad climática, sino también para resguardar el recurso, garantizar un acceso más justo y regular a quienes se han beneficiado de un sistema desigual por décadas.
“Esta reforma no es un capricho: es una defensa del derecho humano al agua y una oportunidad de romper con los privilegios que secaron a Chihuahua”, concluyó la legisladora.
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