Impulsan en Chihuahua la Ley Ingrid para castigar filtraciones de información de víctimas
Noticias de Chihuahua
En un esfuerzo por frenar la difusión indebida de imágenes, audios y datos sensibles provenientes de carpetas de investigación, la diputada Leticia Ortega Máynez presentó en el Congreso del Estado la iniciativa conocida como “Ley Ingrid”, una propuesta que busca sancionar penalmente a personas servidoras públicas que filtren este tipo de información y que con ello vulneren la dignidad y los derechos de las víctimas.
Ortega Máynez, legisladora de Morena, subrayó que estas filtraciones representan un problema estructural que ha sido documentado por organismos públicos y organizaciones civiles, además de señalar que afectan directamente la calidad de las investigaciones, propician la revictimización y generan responsabilidad internacional para el Estado mexicano. Según explicó, la práctica de compartir contenido sensible no solo exhibe a las víctimas y a sus familias en momentos de profundo dolor, sino que se convierte en un eslabón más dentro de la cadena de violencia que persiste en Chihuahua, particularmente contra mujeres y niñas.
La iniciativa plantea penas que van de dos a ocho años de prisión y multas de cien a cuatrocientos días, las cuales podrían aumentar hasta en una mitad cuando la información divulgada tenga relación con mujeres, niñas, niños o adolescentes, o cuando se trate de casos de feminicidio, violencia sexual, desaparición o trata de personas. Con esto, el estado armonizaría su legislación con la reforma federal aprobada en 2022, que ya contempla sanciones por este tipo de conductas.
La diputada aclaró que la Ley Ingrid no busca restringir la libertad de expresión, sino impedir que funcionarios con acceso privilegiado a datos reservados los utilicen para exhibir indebidamente a las víctimas, negociar con su sufrimiento o entorpecer procesos judiciales. Puntualizó que esta regulación forma parte de una agenda más amplia orientada a garantizar el derecho de mujeres y niñas a vivir libres de violencia, en una entidad donde la violencia feminicida y la falta de una adecuada reclasificación de delitos siguen siendo preocupantes.
La propuesta obtuvo el respaldo de las fracciones parlamentarias del PAN y del PT, que reconocieron la urgencia de frenar legalmente estas prácticas y cerrar el paso a la filtración de información que daña a las víctimas y afecta la procuración de justicia.
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