Nuevo modelo de justicia para comunidades indígenas en el estado
Maru Campos impulsa justicia incluyente para pueblos indígenas
Noticias de Chihuahua
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó el arranque oficial de una estrategia histórica que busca garantizar una justicia incluyente y culturalmente pertinente para los pueblos originarios del estado. El evento se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno con la participación de autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI).
Esta nueva política interinstitucional contempla la capacitación del personal de la FGE para sensibilizarlo sobre la realidad cultural de las comunidades indígenas, la elaboración de materiales informativos en lenguas originarias, el nombramiento de enlaces regionales en zonas prioritarias, y la implementación de servicios de traducción e interpretación.
Durante su intervención, la mandataria estatal afirmó que este es un paso decisivo hacia la inclusión, al buscar que todos los ciudadanos, sin importar su origen étnico o lengua, tengan acceso igualitario a la justicia. “Una justicia que no escucha ni entiende, no puede llamarse justicia”, enfatizó Campos, al tiempo que convocó a las y los funcionarios a comprometerse con la comprensión mutua y la construcción de un orden social más justo.
Enrique Rascón, titular de la SPyCI, expresó que esta iniciativa es vital para erradicar la exclusión sistemática de los pueblos originarios. “Sin comprensión, no hay defensa, y sin defensa no hay justicia”, declaró, subrayando la importancia de generar condiciones que protejan los derechos de todas las personas, sin discriminación.
El fiscal general, César Jáuregui, destacó que este esfuerzo busca ir al origen de los problemas estructurales que enfrentan las comunidades indígenas, promoviendo la comprensión de su cosmovisión desde las instituciones públicas.
Al evento también asistieron figuras clave como la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández; la siriame María Luisa Bustillos, de la comunidad Ciénega de Norogachi; la ministerio público indígena Pilar Chaparro; el vicario de la Diócesis Tarahumara, Héctor Martínez; y el diputado Arturo Medina.
Esta iniciativa marca un precedente para el sistema de justicia estatal, al reconocer y valorar la diversidad cultural como eje central de la equidad.
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